En la Villa 20 de Lugano, la Navidad no termina con el brindis de medianoche. Juan Gabriel González, un laburante de la construcción de 45 años, comete el delito de querer estirar la fiesta un poco más y entrar a su casa, ahí en las veredas angostas del márgen sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires, entre vecinos de festejo y el calor transpirado después de Nochebuena. Pero la coreografía del espanto ya está en marcha y queda registrada en un collage de videos de celulares. En las imágenes, la secuencia es de terror navideño: poco después del mediodía del 25 de diciembre, una patota de la Policía de la Ciudad irrumpe en el barrio, hay provocaciones y, sin mediación, los efectivos fusilan a González. Juan Gabriel cae desplomado hacia atrás, seco, mientras el festejo se ahoga en el silencio de la pólvora. Es la puesta en escena de esa vieja sentencia piojosa que hoy suena a profecía amarga: esas pistolas nunca se disparan solas; es el dedo el que aprieta, pero es una política de Estado la que sostiene el pulso.
Lo que parece una humorada negra de guionista cínico es, en realidad, el nombre oficial de los verdugos: “Unidad Táctica de Pacificación”. Un eufemismo administrativo de la Policía de la Ciudad, la fuerza que con nueve años de historia se ha convertido en una aceitada maquinaria de producir luto.
Según los guarismos de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), el prontuario de la Policía porteña alcanza en el oscuro presente los 205 asesinatos, una sangría que incluye 168 ejecuciones de gatillo fácil y otras 37 muertes ocurridas en el hermetismo de comisarías, patrulleros y el ámbito intrafamiliar desde su fundación. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el distrito más letal de la Argentina, donde la doctrina del gatillo fácil y la pedagogía del miedo utilizan el plomo y la cachiporra para disciplinar los márgenes y la protesta social. La realidad de la ciudad de la furia es más bien un eslabón de la misma cadena que se tensa en el resto del país: 1000 personas asesinadas por el aparato represivo estatal en los últimos dos años. En tiempos del gobierno libertario de Javier Milei, parece que la paz se escribe con el dedo en el gatillo. La muerte es solo cuestión de suerte.
Bajo este sol tremendo del 2 de enero, Oscar Villaverde camina por la Villa 20 con una remera que es un manifiesto: “Gaby por siempre”. Debajo del rostro de su primo, dos fechas fijan los límites de una vida: “06-06-1980 / 25-12-2025”. Oscar tiene 52 años y la piel curtida por el asfalto de Lugano; es docente en la escuela técnica de la barriada. En diálogo con ROLLING STONE, cuenta orgulloso que su familia, migrantes paraguayos, llegaron hace décadas al postrero sur porteño para levantar paredes y aguantar las topadoras que quería erradicar las villas en los años de la dictadura. La historia de una familia migrante, o de miles: “Nosotros crecimos viendo a nuestras viejas y viejos bancar la parada contra los milicos, siendo solidarios con las familias que llegaban para que el barrio se pueble”. Esa solidaridad de pasillo fue el ADN de Juan Gabriel, padre de dos hijos, un hombre que no sólo se ganó la vida con sus manos de albañil, sino que también era el guardián de los tres palos en la canchita de Los Huérfanos. Con el equipo El Bajo, Gaby fue multicampeón gracias a sus reflejos de arquero atento y corazón de oro.
Oscar convida un vaso de agua y hace memoria. Dice que desde hace meses la policía recorre el barrio en motos y camionetas. Lejos de un escenario de calma, relata un historial de hostigamiento sistemático: desde el “verdugueo a los pibes en las esquinas hasta golpizas contra personas con discapacidad y muchos detenidos”. Ese fue el caldo de cultivo que estalló en Navidad.
El escenario del fusilamiento: el cruce de Chilavert y Araujo, una arteria vital del barrio. Juan Gabriel volvía de un festejo, quería entrar al pasillo que lleva a su casa, pero la Unidad de Pacificación había montado un retén por una discusión entre vecinos. Nelly Portillo, su compañera, vio cómo la prepotencia escaló en segundos: primero fueron los insultos, después los bastones largos. En los videos, Juan Gabriel aparece en cuero y descalzo, defendiéndose como podía de cuatro oficiales. La policía respondió con disparos: un quinto efectivo bajó de una camioneta con un arma larga y, con la frialdad de quien ejecuta una orden superior, lo fusiló.
La maquinaria del encubrimiento se activó antes de que la sangre de Gabriel se enfriara. Rodolfo Walsh explicaba que la crónica policial registra media docena de historias básicas que admiten variaciones infinitas: las llamó “Milongas clásicas”. Son las excusas de manual que la policía recita para transformar un fusilamiento en un acto de servicio. En Lugano, la milonga se bailó como un tango feroz: el primer relato oficial decía que, en una “pelea entre vecinos”, se había producido un “homicidio en riña con una puñalada”. Una mentira con patas cortas que chocó de frente con la realidad médica. El informe forense detalló que el hombre recibió primero varios impactos de postas de goma en distintos lugares del cuerpo que no pusieron en peligro su vida, para luego ser rematado con un disparo directo de escopeta 12/70 entre el tórax y el abdomen. No hubo cuchillo; hubo una ejecución reglamentaria a corta distancia.
Oscar afirma que Nelly, también herida en el operativo, fue incomunicada mientras era atendida en un hospital y luego acusada de resistencia a la autoridad. A un testigo, el vecino Anastasio Chávez, lo arrestaron y apretaron en la comisaría para que se hiciera cargo de la muerte. Un hijo de Gabriel también fue apresado. Mientras, una doctora -parte del mismo engranaje- intentaba instalar que la herida mortal de Juan Gabriel era de un “cuchillazo”. La autopsia barrió el relato. El pasado 31 de diciembre, el oficial primero Gastón Miño, quien gatilló su escopeta a quemarropa contra Gabriel, fue detenido en el partido de San Martín.
Antes de despedirse, Oscar vuelve a la canchita de Los Huérfanos. El sol de la tarde cae oblicuo sobre el potrero donde Gaby organizaba campeonatos y ayudaba a los pibes del barrio para que se prueben en los clubes. Pide justicia y dice que el nombre de su primo ya no es solo un recuerdo, sino un eslabón más en la genealogía del horror del sur porteño: se suma a los de Kiki Lezcano, Camila Arjona, Ezequiel Demonty y los fusilados del Indoamericano. Para Oscar, no hay pasado en esta violencia; hay un hilo que conecta el gatillo fácil en la Villa 20 con los palos a los jubilados y las cacerías en las protestas frente al Congreso. “Es una política que baja de arriba: de las órdenes de Patricia Bullrich, de los posteos de [Ramiro] Marra agitando el bombardeo a las villas. Sienten que, si matan a un negro, es uno menos, mejor para ellos”, dice Oscar con una amargura que quema más que el horno del verano. En el silencio del potrero, suena a sentencia.
No habían pasado 72 horas del fusilamiento de Gabriel González en Lugano cuando la pedagogía del miedo mudó su escenario al barrio de Constitución. El domingo 28 de diciembre, a plena luz del día, sobre la calle Salta, la violencia estatal volvió a escribir su libreto sobre el cuerpo de Víctor Vargas, un trabajador formoseño que se ganaba el pan haciendo changas y dormía en un hotel de la zona.
“A Víctor también lo fusilaron”, denuncia Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR). Orellano conoce el territorio como nadie; sabe que, en las calles de Constitución, los grupos de WhatsApp de las trabajadoras sexuales funciona como un radar de supervivencia frente a las razias y los abusos de la Comisaría Vecinal 1C, la seccional con más denuncias por violencia institucional de toda la ciudad autónoma.
Según los relatos de los vecinos y de las trabajadoras de AMMAR, Vargas mantuvo una disputa callejera con otro joven, tenía un cuchillo, y un efectivo intervino de la peor manera: sin mediar palabra, le pegó un tiro en el rostro. Murió el 31 de diciembre en el Hospital Ramos Mejía, después de tres días de agonía y un diagnóstico de muerte cerebral que el plomo policial le firmó de entrada.
Para Georgina, la muerte de Víctor no es un error de procedimiento, sino el resultado de un “perfilamiento social” quirúrgico. “Hay una bajada desde el poder, están los policías con la correa suelta y tienen licencia para matar”, explica. La lista de blancos es siempre la misma: “pobres, jóvenes, marrones, trans, trabajadores sexuales y gente en situación de calle. A Víctor, la policía ya lo tenía marcado; había dejado de trabajar como cuidacoches por el acoso contravencional constante de la misma fuerza que terminó disparándole en la cara”.
Mientras la familia de Vargas viajaba desde Formosa para despedirlo, el Ministerio Público Fiscal caratulaba la causa como “atentado a la autoridad y averiguación de lesiones”. En el mundo del revés: la carátula responsabiliza a la víctima antes de que se enfríe el cuerpo.
Cierra Orellano: “Hace apenas un mes, en la misma calle, un policía le quebró el brazo a una compañera trans, y la tuvieron que operar. Y sobran los casos de golpizas, robos, no dejan filmar los operativos. No es sólo en Capital, también en el Conurbano y en todo el país. El asesinato de Víctor forma parte de un aleccionamiento. Es llevar a la práctica ese discurso de odio que impregnó socialmente. Hay un deseo de fascismo, que piensa que la solución es exterminar al otro. Y hay miedo también: muchos testigos del asesinato están aterrados y no fueron a dar su testimonio”. Reina el silencio, ese ruido blanco de la impunidad.
“Lamento decirte que estos no son los últimos ni los únicos casos del último tiempo”, advierte María del Carmen Verdú con la firmeza de quien no se deja sorprender por el espanto. Referenta histórica de CORREPI -organismo político del campo de los Derechos Humanos que desde 1992, meses después del asesinato de Walter Bulacio a la salida de un concierto de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota en Obras, sistematiza el archivo de la violencia estatal y pone el cuerpo en los tribunales para frenar la impunidad-, Verdú sabe que el luto de diciembre no es una anomalía, sino una estadística política. Desde el regreso de la democracia en 1983 hasta febrero de 2025, el archivo registra un acumulado de 9672 casos de personas asesinadas por el aparato represivo. De ese total, 549 muertes pertenecen exclusivamente a la gestión de Javier Milei. “No para de crecer. En la última reunión del equipo de familias, les dimos la bienvenida a cinco nuevas en solo 45 días. Estamos frente a una tendencia impresionante: ya superamos los 1000 muertos en los últimos dos años”.
Según el último informe de la organización, el gobierno de ultraderecha diseñó un andamiaje legal para la impunidad: desde el Protocolo de uso de arma de fuego -que permite disparar por la espalda a personas que huyen- hasta la implementación de la Reiterancia, un mecanismo para impedir excarcelaciones sin condena. El mapa del control se completa con la Ley Antimafia, que habilita allanamientos sin orden judicial y detenciones por 30 días sin defensa. No hay que olvidar también el protocolo antiprotesta. “Es una política de desamparo planificada”, explica Verdú.
Ese respaldo jurídico se traduce en una efectividad letal. La Ciudad de Buenos Aires que comanda Jorge Macri está a la cabeza del ranking mortal. Con menos de una década de historia, la Policía porteña es la más letal del país en proporción a sus efectivos. “Es una fuerza que nació y creció bajo un solo mando político, con una uniformidad de línea absoluta”, señala la abogada. Las consecuencias son devastadoras: solo en 2025, se registraron 19 femicidios de uniforme y un crecimiento exponencial de muertes en lugares de detención.
En sintonía con el gatillo fácil está la cacería en las calles durante las protestas: 250 personas detenidas en causas penales y más de 1500 heridos en movilizaciones sólo en CABA. “El gatillo fácil no es el error de un psicópata suelto, es control social”, concluye Verdú. “Es el disciplinamiento directo a los sectores organizados. En los barrios, el brazo armado del Estado no previene el delito; lo administra a través del miedo”.
En una habitación del Hospital Rocca, Fabián Grillo vigila la recuperación de su hijo Pablo, el fotorreportero de 35 años herido de gravedad por una granada de gas lacrimógeno en una protesta en marzo del año pasado. Pablo presenta una “muy buena evolución” tras su octava operación, dejando atrás la hidrocefalia que complicó su cuadro.
Para Fabián, lo ocurrido fue “producto del protocolo que el Gobierno llama antipiquetes”, una excusa sórdida para anular el derecho a la protesta, motivo por el cual ya realizaron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “No es nuevo, antes tenían que ocultar lo que hacían; hoy te pegan y no les importa, vivimos en una democracia tutelada donde las fuerzas de seguridad funcionan como gendarmes del presidente”, reflexiona Fabián a sus 65 años, mientras acompaña a un hijo que se angustia al escuchar el relato de su propia cacería. El ataque contra el fotoperiodista, por el que ya hay un gendarme procesado -Héctor Guerrero-, es para su padre un tema de clase: “El pobre tiene que ser obediente y el fotógrafo tiene que mostrar solo lo que ellos quieren”.
Mientras el discurso oficial intenta instalar la violencia como una fatalidad inevitable, los números y los cuerpos dicen lo contrario. Para Fabián, el disparo que recibió su hijo es la respuesta oficial a quienes se atreven a mostrar la hilacha de un sistema que pretende que el miedo sea la norma. El dedo que aprieta el gatillo en la Villa 20 es el mismo que lanza una granada al rostro de un fotógrafo frente al Congreso. La policía, decía el poeta Nicanor Parra, mata por matar. La Justicia, en cambio, elige el silencio.
