Hay denuncias de coimas, de sobreprecios en medicamentos, de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) del gobierno argentino. También aflora un salvaje recorte en las pensiones que reciben cientos de miles de discapacitados. Postales de la Argentina en tiempos libertarios. En ese contexto, la fila de la crueldad es una serpiente emplumada que se extiende por más de 100 metros en el barrio porteño de Congreso. Nace en las puertas vidriadas de la ANDIS. Desde hace semanas ocupa el largo de Hipólito Yrigoyen al 1400, llega hasta San José y continúa más allá, poblada por beneficiarios de pensiones por discapacidad, víctimas del ajuste.
“Estoy desde la madrugada, me dieron de baja la pensión en junio, no tengo una moneda. Encima, las gambas no me dan más. Pero tengo que aguantar”, cuenta Carlos Brisi y se pone firme ayudado por una muleta. El hombre cuarentón se arrimó desde el suburbio del suburbio de Villa Sarmiento hasta el frígido centro porteño. Cuenta que anda con mala pata hace rato: el robo que sufrió en 2018, los dos tiros en el fémur, los clavos de la rodilla hasta la cintura, el dolor que no se va, perder el trabajo y ahora la pensión, su único ingreso. “No puedo laburar, me ayuda mi vieja, que es jubilada de la mínima. Nunca tuve problemas con la pensión, pero arrancaron la auditoría y me dejaron de pagar. Ojalá me hagan pasar rápido. Por los dolores, no puedo estar mucho tiempo parado”.
La fila debe avanzar, atrás de Carlos hay alguien que espera, y atrás otro, y otro más, muchas personas más, todos por lo mismo: “La pensión es lo único que tengo”, pide Carlos, apremiado por la necesidad; apoyado en su muleta da un paso más.
El ajuste libertario también avanza a paso firme hace meses en la ANDIS. En paralelo a las denuncias por coimas, la compra de medicamentos con sobreprecios de hasta un 30% a la droguería Suizo Argentina y otros negocios sucios que lo tienen en el radar de la Justicia, Diego Spagnuolo dejó servido en bandeja un ajuste brutal en las pensiones por discapacidad.
El extitular de la agencia -ahora también examigo y exabogado del presidente Javier Milei– llevó adelante una auditoria que no para de sangrar. El miércoles pasado, en el Congreso, el jefe de Gabinete Guillermo Francos blanqueó los guarismos: el Ejecutivo pretende dar de baja el beneficio a unas 500 mil personas. Las metas del presupuesto 2025 pintan un escenario dantesco para los discapacitados: de las 1.266.945 pensiones que estaban activas en enero, el gobierno libertario planea cerrar el año solo con 749.451.
La motosierra amputó el año pasado las partidas presupuestarias para los enfermos oncológicos y los comedores populares (con el argumento de irregularidades que la Justicia luego desmintió). En esta segunda etapa serrucha los fondos destinados a las pensiones en discapacidad. La poda afecta a los beneficiarios que nunca recibieron la carta documento con la indicación de someterse a los estudios médicos y otros trámites burocráticos que exige la agencia para no caerse de la necesaria ayuda del Estado.
“Están vulnerando nuestros derechos. El gobierno nos humilla, quiere que nos cansemos, que sintamos que estamos pidiendo limosna”, comparte su angustia Norma Biacardi, una señora que desde su nacimiento padece una malformación en su fémur. Norma se acercó a la ANDIS desde la zona oeste del Conurbano profundo. Frente a la oficina muestra un sobre con los certificados que llevan las firmas y sellos de sus médicos: “Mis radiografías, que no son de un perro, como dice el vocero Adorni. Nunca me llegó la carta a mi casa. Yo hice el cambio de domicilio, pero la ANDIS no lo consignó. ¿Cómo me voy a enterar de la auditoría? Al hacer esta fila, nos hacen vivir la angustia por nuestra discapacidad una vez más”.
Según el gobierno, la resolución es clarita. Fue firmada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger en septiembre pasado. La orden provocó indignación por contener expresiones como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” para referirse a personas con discapacidad. Establece que no recibir la citación para auditarse en tiempo y forma es causa suficiente para la baja.
“Mire que mi calle es asfaltada, pero nunca llegó la carta documento. Hace semanas nos tienen de la ANSES a la ANDIS en un laberinto sin final”, cuenta Alejandra Gómez, mamá de Fernando, un muchacho de 22 años con síndrome de Down. Fernando tiene otorgada la pensión hasta 2028, pero su mamá anda con miedo y asco ante la posible baja del beneficio: “Me dicen que está en duda, pero lo de mi hijo es irreversible. Para ellos deben ser monedas esta pensión, con todos estos chanchullos que los salpican por la corrupción, y se deben estar llenando de plata. Pero para nosotros la pensión es fundamental. Nuestro único ingreso”.
A mediados de junio, Norberto entró a su cuenta en el banco y estaba vacía. “No me depositaron nunca más. Venía cobrando lo más bien, con los papeles al día, desde hace cinco años. Estoy con deudas por todos lados, ni para el colectivo tengo”, dice Norberto y muestra cuatro billetes, uno anaranjado de mil y tres violetas de cien, que usará para pagar la vuelta a su casa en La Matanza. El paquete de galletitas Mediatarde será su almuerzo en la amarga espera. Tiene problemas respiratorios. Le dio una mano a una vecina en un incendio e inhaló monóxido de carbono: “Casi me voy para el otro lado, estuve internado 15 días en el Hospital del Quemado, fue hace unos años. No pude trabajar más en la fábrica, no tengo jubilación. Nadie me ayuda, ahora el gobierno me deja más sólo, no sé cómo voy a seguir”.
Antes de entrar a la abarrotada oficina de la ANDIS, doña Mónica se hace la señal de la cruz. Vive en el Delta del Paraná Miní. Camina a los tumbos ayudada por un bastón de madera. Cuenta que una moto le partió varios huesos y quedó postrada por mucho tiempo: “Me encantaría no ser discapacitada, poder hacer una vida normal, pero no elegimos”. Confiesa que tuvo que pedirles unos pesos a sus vecinos allá en San Fernando para arrimarse a la ANDIS. “Hago changuitas de costura por 500 pesos, pero con eso solo no junto ni para la comida”. Al despedirse, muestra la carta documento, dice que no sabe leer, que quiere que los funcionarios le expliquen, que necesita la pensión, que dios la va a ayudar. Aguarda una respuesta, esperando el milagro.
Escuálidos 270 mil pesos dejó de cobrar María Inciarte. “Algo es algo, era el único ingreso que tenía. Tengo epilepsia, vivo sola, mis viejos murieron. Estoy con el agua al cuello si esto no me sale”, murmura la mujer de 44 años. Consultada sobre el escándalo de las coimas en el organismo, María levanta temperatura: “No sé si Milei, Karina, Lugones o Spagnuolo tiene un familiar con discapacidad. Lo que sí sé es que no tienen corazón”.
